Por: Cayo Soto, PhD(c), ingeniero de minas.IntroducciónLa interrelación entre la actividad minera y las comunidades ha variado notablemente en los últimos años. Se viene pasando de una gestión tradicional orientada a la comunicación, la atención de las demandas, las compensaciones y la inversión social hacia enfoques que incorporan la gestión de impactos, el desempeño social y la gobernanza en la toma de decisiones empresariales, es decir, una atención proactiva y de mayor alcance. Sin embargo, esta evolución ha tenido un progreso distinto entre países, empresas y operaciones mineras.Actualmente, la sostenibilidad minera exige comprender no solo cómo se relaciona una empresa con las comunidades, sino también cómo sus decisiones técnicas y estratégicas generan impactos y oportunidades para los actores territoriales. Surge entonces la pregunta: ¿Qué ha cambiado realmente en la gestión social minera y qué desafíos persisten para integrar su desempeño en la conducción del negocio?Evolución internacional: de las acciones sociales al desempeño verificableHistóricamente, numerosas prácticas de relacionamiento comunitario priorizaron la comunicación, la compensación y los programas de inversión social, lo que constituye decisiones reactivas. Aunque estas acciones siguen siendo importantes, a la fecha resultan insuficientes cuando se desarrollan de manera aislada del mapeo de impactos que se generarían y de las decisiones empresariales.Los enfoques contemporáneos amplían esta perspectiva. El International Council on Mining and Metals (ICMM), mediante sus Principios de minería responsable, incorpora el desempeño social, la participación de los actores, el desarrollo comunitario y la verificación de resultados como componentes de la gestión empresarial, claro que esto último como acciones de fortalecimiento publicado el 2022 y atendido desde sus primeras intenciones el 2003.Este cambio plantea una distinción importante: ejecutar programas sociales no equivale necesariamente a alcanzar un desempeño social satisfactorio. Este último requiere examinar los impactos de las operaciones, la calidad de la participación, el cumplimiento de compromisos, la comprensión de intereses de ambas partes, así como los resultados que los involucran a ambos.La evolución internacional de la gestión social minera ha apuntado hacia un enfoque sistémico que integre las dimensiones técnicas, ambientales y sociales en las decisiones estratégicas y operativas del negocio, superando su tratamiento como responsabilidades aisladas (Verrier et al., 2022).Sin embargo, esta transformación aún enfrenta desafíos importantes. Sajid et al. (2026), mediante una revisión sistemática de 88 publicaciones, identifican que, si bien los indicadores ambientales están más integrados en los modelos de ingeniería y planificación minera, las dimensiones social y de gobernanza aún presentan limitaciones para incorporarse de manera efectiva en las decisiones empresariales.En consecuencia, el verdadero desafío de la minería contemporánea no consiste únicamente en asumir compromisos de sostenibilidad, sino en convertirlos en criterios verificables y de soporte en toda la cadena del negocio minero, desde la exploración hasta el cierre de minas, articulando la viabilidad y constancia del negocio con las expectativas y condiciones de desarrollo de los territorios.América Latina: transformaciones empresariales y desafíos de gobernanzaEn América Latina, la evolución del relacionamiento comunitario hacia el desempeño social responde a las nuevas exigencias de sostenibilidad, así como a presiones regulatorias, conflictos socioambientales y demandas de participación. Sin embargo, los avances muestran diferencias importantes entre países y empresas.En Chile, Godfrid (2024), mediante el estudio de Codelco, identifica que los cambios en las estrategias de responsabilidad social empresarial se vincularon con mayores exigencias ambientales, un incremento de conflictos y crisis reputacionales, lo que impulsó transformaciones organizacionales. Complementariamente, Odell y Bebbington (2023) muestran que la propiedad pública o privada de las empresas no determina, por sí sola, mejores relaciones comunitarias, y destacan la importancia de las condiciones institucionales y de los impactos territoriales.En Brasil, Zanini et al. (2023) examinaron las barreras que dificultan la participación comunitaria en proyectos mineros, en particular los desequilibrios de poder y las asimetrías en la información. Por su parte, López et al. (2024), al estudiar experiencias de monitoreo ambiental comunitario en Perú y Chile, identifican avances en el empoderamiento de las poblaciones, aunque persisten limitaciones de financiamiento y reconocimiento institucional.Estas experiencias evidencian que la evolución regional no depende únicamente de ampliar los programas sociales, sino también de transformar las prácticas empresariales, fortalecer la participación informada e incorporar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas en la gobernanza minera.Perú: entre el relacionamiento comunitario y la gestión integralEn el Perú, las compañías mineras presentan diferentes enfoques de gestión social. Saenz (2023), mediante un estudio de casos empresariales, identifica cuatro estrategias de relaciones comunitarias: valor compartido, compensación, orientación empresarial y cumplimiento. Esta clasificación evidencia diferencias en la importancia asignada al desarrollo comunitario y a la gestión de impactos sociales y ambientales.Pese a los avances conceptuales, persisten desafíos significativos. Según la Defensoría del Pueblo (2026), en septiembre se registraron 193 conflictos sociales, de los cuales 60 correspondieron a conflictos socioambientales vinculados con la minería, equivalentes al 31.1 % del total nacional.Las implicaciones para la inversión pueden observarse en trayectorias contrastantes. Conga (Cajamarca), permanece suspendido desde 2012 y fuera de los planes activos de desarrollo, mientras que Tía María (Arequipa), después de prolongadas controversias sociales, registró un avance de construcción del 49.6 % al cierre de septiembre.Estos casos no permiten atribuir los resultados exclusivamente a la gestión social, pero evidencian que la sostenibilidad de las inversiones requiere examinar cómo interactúan las decisiones empresariales, la participación territorial, las condiciones institucionales y los mecanismos de resolución de controversias, bajo una gobernanza sólida.Gobernanza social y sostenibilidad del negocio mineroDesde la ingeniería de minas, la evolución hacia la gestión del desempeño social exige una comprensión integral de la cadena de valor del negocio minero, reconociendo que las decisiones técnicas, operativas y ambientales pueden generar impactos sociales y territoriales que requieren identificación, evaluación y seguimiento.En este contexto, la gobernanza social busca contribuir a generar condiciones que incrementen la probabilidad de viabilidad y continuidad de los proyectos y operaciones mineras, mediante una gestión anticipada de sus impactos y una comprensión de las dinámicas territoriales.Para ello, resulta fundamental incorporar estas consideraciones en las decisiones estratégicas y operativas, bajo el liderazgo de la alta dirección y mediante la articulación entre las distintas áreas empresariales y los actores del territorio, con una visión de sostenibilidad de largo plazo.Para la compañía, esta integración puede contribuir a gestionar riesgos, fortalecer la legitimidad y favorecer la continuidad de las operaciones. Para las comunidades, debe orientarse hacia el respeto de los derechos, la gestión responsable de los impactos y la generación de oportunidades de desarrollo sostenible, incluso después del cierre minero.Conclusiones1. La evolución del relacionamiento comunitario hacia el desempeño social y la gobernanza representa un desarrollo de la adecuada administración minera, más que la sustitución de sus funciones tradicionales.2. El desafío actual consiste en pasar de evaluar principalmente las actividades sociales ejecutadas a examinar, de manera proactiva, los resultados, impactos y contribuciones a la sostenibilidad territorial.3. Una gestión social moderna no debería medirse únicamente por lo que la empresa entrega, sino también por los impactos que gestiona, los compromisos que cumple y las condiciones que contribuye a construir en el territorio en el anhelo de la confianza de las partes.4. Surge así una interrogante para continuar el análisis: ¿qué fundamentos y mecanismos permiten convertir el desempeño social en una responsabilidad estratégica y verificable de la gobernanza minera?Bibliografía Defensoría del Pueblo. 2026. Reporte de Conflictos Sociales Nº 271, septiembre de 2026. Reporte oficial. Godfrid, J. 2024. Corporate social responsibility and environmental governance in Chile. Studies in Comparative International Development, 59(2). https://doi.org/10.1007/s12116-023-09419-7 ICMM. Mining Principles: Principle 9 – Social Performance. Documento institucional. Saenz, C. 2023. The social management canvas for the mining industry: A Peruvian case study. Resources Policy, 85, 103967. DOI. Saenz, C. 2023. Enhancing community development management and the management of social and environmental impacts to get social license to operate in the mining industry: A Peruvian case study. Business Strategy & Development, 6(4), 873–884. DOI. Sajid, A., Taghavi, S. M., Oliveros-Sepúlveda, D., Hamedi, M., Anticoi, H., & Bascompta, M. 2026. A systematic review of environmental, social, and governance (ESG) integration across the mining life cycle. Resources, Environment and Sustainability, 27, Article 100372. https://doi.org/10.1016/j.resenv.2026.100372 Verrier, B., Smith, C., Yahyaei, M., Ziemski, M., Forbes, G., Witt, K., & Azadi, M. 2022. Beyond the social license to operate: Whole system approaches for a socially responsible mining industry. Energy Research & Social Science, 83, Article 102343. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102343 Zanini, M. T. F., Migueles, C. P., Gambirage, C., & Silva, J. 2023. Barriers to local community participation in mining projects: The eroding role of power imbalance and information asymmetry. Resources Policy, 86, 104283. DOI.